La Presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, se ha dirigido a Ecologistas en Acción indicándole que se inicia un proceso de investigación sobre La Janda en respuesta a sus peticiones.
La organización ecologista se dirigió al Parlamento Europeo pidiendo su pronunciamiento sobre:
1. El uso de los recursos hídricos de titularidad pública y la afectación de la calidad y la cantidad de las masas de aguas de la laguna.
2. La situación de estas tierras de dominio público hidráulico y la posible inacción de la administración correspondiente que permite que determinadas empresas se beneficien de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
En la carta de la Presidenta de la Comisión de Peticiones también se indica que “teniendo en cuenta el asunto de que se trata, he remitido también su petición a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo”.
La Comisión de Peticiones valora que, en relación con el uso de agua, sin concesión alguna, de los embalses del Barbate y Celemín para riego de los terrenos desecados, se podría estar infringiendo la Directiva Marco del Agua (DMA).
En cuanto al punto 2, ya Ecologistas en Acción anunció en julio pasado que iniciaba una petición al Parlamento Europeo para que investigue si varias sociedades reciben indebidamente ayudas de la PAC. Esta petición se ve ahora respondida y admitida.
La petición de Ecologistas en Acción al Parlamento Europeo se basa en un informe de la abogacía del Estado que prueba que parte de los terrenos por los que recibe los fondos son de titularidad pública y no están otorgados en concesión, por lo que estas empresas no tienen derecho a cultivar esas tierras ni a recibir subvención alguna de la PAC.
Se trata de al menos 6.165 hectáreas convertidas en explotación agrícola intensiva de regadío; precisamente las hectáreas que fueron deslindadas como Dominio Público Hidráulico y que definitivamente confirmó como tales el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de noviembre de 1967.
Este deslinde y esta sentencia nunca se han cumplido y hoy la Laguna de La Janda está en manos de empresas privadas que no tienen ninguna concesión administrativa para su explotación y aprovechamiento y, en consecuencia, cobran indebidamente las ayudas económicas que otorga la Política Agraria Común (PAC).
Esperamos que la investigación que inicia el Parlamento y la Comisión Europea ponga fin a este despropósito histórico que sigue amparado por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.