La Fiscalía Provincial de Cádiz ha formulado una denuncia criminal ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate para aclarar los hechos alrededor de varios expedientes de trabajadores municipales que, según el órgano, “aparecen indiciariamente como constitutivos de un delito de los artículos 404 del Código Penal”.
Los hechos se remontan al mes de agosto, cuando la Fiscalía requirió al Ayuntamiento para su estudio y verificación, copia testimoniada de los expedientes administrativos del Ayuntamiento referentes a seis trabajadores municipales, así como un informe de la secretaria del Ayuntamiento conforme a la legislación vigente. La documentación debía ser remitida antes del 12 de septiembre.
Sin embargo, con fecha 20 de septiembre, la propia Fiscalía comunica su decisión de trasladar los hechos al Juzgado de Primera Instancia e interponer una denuncia criminal al constatar indicios de delito tipificados en el artículo 404 del Código Penal, que cita textualmente: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.
Una semana después, el 27 de septiembre, se notifica la incoación del procedimiento para esclarecer los hechos denunciados por parte del Juzgado, de conformidad con el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este sentido, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha declarado hoy en rueda de prensa que “de estos seis años, se han metido en Fiscalía cuatro contratos que vienen por sentencia judicial, es decir, que lo que hacemos es acatar sentencias judiciales”. El regidor barbateño ha aclarado que “a partir de ahí, estamos totalmente tranquilos”.
Molina también ha explicado que “nosotros tenemos cuatro contratos, pero mirando en el baúl nos hemos encontrados con unos 1.200 contratos que realizó el PSOE entre enero y mayo de 2015, es decir, cinco meses antes de las elecciones y sin ningún tipo de expediente de contratación realizado”. El alcalde no ha dudado en declarar que “está claro que el objetivo de estos contratos era lograr en la gente cambiar el sentido del voto”.
Miguel Molina ha anunciado que también pondrá estos contratos a disposición de la Fiscalía “para que vea su validez”.