La diputada de Desarrollo Democrático, Lucía Trujillo, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía, Diego Boza, junto con la autora del documento, Toché García, han presentado en rueda de prensa una guía de orientación para personas migrantes que ha elaborado esta asociación con la colaboración de la Diputación de Cádiz.
Lucía Trujillo la ha definido como “un recurso útil, no sólo para las personas que ya han emigrado, sino también para quienes van a inmigrar o tienen intención de hacerlo pero no disponen de toda la información”, y ha felicitado a la APDHA por “su compromiso y su trabajo para mejorar la vida de las personas migrantes” y por su empeño en pos de “conseguir que tengan una verdadera integración social, personal y laboral”.
La guía, que ya está disponible tanto en formato papel en los puntos de información de la APDHA como en formato digital en su página web y en redes sociales, se presenta en el entorno del ‘Día de las personas migrantes’, que se celebra el próximo sábado y se basa en lo aprendido durante dos décadas de trabajo con este colectivo por parte de la entidad. “Es un aldabonazo en nuestra trayectoria. Llevamos 20 años atendiendo jurídicamente a personas migrantes y esas experiencias se plasman en esta guía”.
El servicio de Cooperación Internacional de la Diputación subvenciona con 20.000 euros el proyecto ‘Atención jurídica a personas migrantes: apoyo a la inclusión, sensibilización y fomento de la dinamización social en el marco de la defensa de los derechos humanos’. Se trata de una iniciativa que se desarrolla desde 2017, que ejecuta la APDHA y que ha propiciado que más de 300 personas en 2021 (registro hasta el 30 de noviembre) hayan sido atendidas en Barbate a través de la Oficina de Atención a Personas Migrantes que funciona con cargo a este programa. Un millar de personas en total, sumando el resto de puntos de información de la APDHA.
El documento se concibe como una guía de fácil manejo y la intención de la APDHA es traducirlo a lenguas como el árabe, el francés y el inglés. Además quiere presentarlo en el Norte de Marruecos.
“La situación jurídica de la persona migrante es un elemento esencial para su integración social”, ha explicado Diego Boza, quien ha aclarado que aspectos clave para su integración social, como los permisos de residencia, procesos de reagrupación familiar, cambios de empleo o adquisición de la nacionalidad española, dependen directamente del cumplimiento de ciertos trámites y requisitos legales. Todos ellos se plasman en la guía.
Desde la APDHA también se aclara que editar la guía no significa que se esté de acuerdo con el marco legal que regula el proceso migratorio, muy severo en su opinión para las personas que llegan a España.
Toché García ha ejemplificado algunas de las situaciones que pueden resolverse en la guía y ha manifestado que “existe un desconocimiento general en cosas básicas, como el empadronamiento”. En este caso ha explicado que existe miedo a ser denunciados si se empadronan, pero es un trámite que desde la APDHA recomiendan que se cumplimente. “Sin eso, no tienen acceso a otros derechos”, ha afirmado Toché García.
Las expectativas antes de una emigración son distintas a la realidad que se encuentran en España a su llegada. En este sentido, uno de los objetivos de esta publicación es dar respuesta a esa desinformación y así exponer el marco legal al que estas personas tendrán que responder al diseñar su proceso migratorio.
A través del convenio de colaboración entre Diputación y APDHA no sólo se sostienen los servicios de la Oficina de Atención a Personas Migrantes de Barbate, sino que se genera un beneficio educativo para la población local, ya que la entidad desarrolla una labor de sensibilización de la ciudadanía sobre valores positivos de la inmigración, para combatir sentimientos de racismo y xenofobia.
El proyecto ‘Atención jurídica a personas migrantes’ define una serie de objetivos que incluyen los de favorecer la plena inclusión social, laboral y personal de la población inmigrante; asegurar su acceso en condiciones de igualdad a los servicios básicos; y orientarles en cuestiones jurídicas, laborales y de asistencia básica. Por otro lado, también impulsa la dinamización social para la denuncia de las violaciones de derechos.